Alimentos prohibidos: la importancia de conocer lo que comemos

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La oferta en el supermercado es abrumadora. Cientos de góndolas y estanterías en largos pasillos repletos de productos nuevos y tradicionales. ¿Qué elegir? ¿Cómo hacerlo bien? Las principales variables serán el gusto personal y los precios. Sin embargo, vale interrogarnos cuánto conocemos sobre los alimentos que consumimos día a día. ¿Sabemos cómo y por qué se habilita o prohíbe un alimento? ¿Podemos darnos cuenta si los productos que compramos son genuinos?

Cada alimento que llega a nuestra mesa debe garantizar su calidad e inocuidad mediante el cumplimiento de estrictas normas de seguridad exigidas por las unidades sanitarias competentes. En Argentina, el Estado nacional y las provincias poseen la competencia para habilitar o prohibir los productos. La legislación que regula estas condiciones es el Código Alimentario Argentino (CAA), aprobado por la ley N°18.284. El mismo brinda las disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del Reglamento Alimentario. Establece los patrones legales mínimos que debe respetar un alimento para ser producido y comercializado dentro del territorio nacional, como así también los de aquellos que deseen ser exportados hacia el exterior.

El CAA regula a todos los alimentos, bebidas, condimentos y aditivos alimentarios que se elaboran, fraccionan, conservan, trasportan y comercializan en los establecimientos, como también a las personas o firmas comerciales que los produzcan: es decir, personas físicas o jurídicas. De no cumplirse la normativa, el producto podría encontrarse adulterado y, por lo tanto, en situación de ilegalidad.

Para el cumplimiento de esta ley el Estado emplea un Sistema Nacional de Control de Alimentos, donde se encuentra la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Alimentos (INNAL), dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Este Sistema Nacional de Control permite a su vez a cada jurisdicción provincial ejercer el “control de policía” sobre productores y elaboradores que trabajan dentro de aquellos territorios. Por eso existen organismos locales de control. A modo de ejemplo podemos mencionar a la Agencia de Seguridad Alimentaria (ASSAL), de Santa Fe, y a la Dirección General de Alimentos, de la provincia de Córdoba.

Según indica el sitio de ANMAT, el Código Alimentario Argentino establece que las empresas productoras y fraccionadoras deben realizar de manera previa al inicio de sus actividades los trámites de inscripción y autorización ante las autoridades sanitarias competentes. Una vez habilitada, la empresa recibe un número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE). Asimismo, también debe registrarse cada producto antes de salir al mercado; estos son identificados a través de un número de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA). Veamos brevemente qué significan estas siglas:

 

RNE

Registro Nacional de Establecimiento: número identificatorio que otorga la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional (ASJ) competente a toda persona física o jurídica, firma comercial, establecimiento o fábrica de alimentos que desee comercializar sus productos fuera de su ejido municipal. El R.N.E. es único y puede tener uno o más R.N.P.A. asociados.

RNPA

Registro Nacional de Producto Alimenticio: identificación que otorga la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional (A.S.J.) competente a los productos elaborados por un establecimiento que desee comercializarlos o transportarlos fuera de su ejido municipal. El R.N.P.A. identifica a un único producto.

 

Estos registros permiten que las autoridades realicen un seguimiento y vigilancia de los productos para garantizar su calidad al momento de la comercialización. Son tres las principales causas que hacen que un alimento se prohíba: que no esté inscripto el producto o el establecimiento (es decir, que no posea número de R.N.E y R.N.P.A); que esté contaminado o que se encuentre adulterado o falsificado. En muchos casos se combinan diferentes infracciones: por ejemplo, hay productos que además de no estar inscriptos, se encuentran adulterados en su composición.

Las autoridades sanitarias poseen canales para conocer las condiciones de los alimentos que deben regular. El primer canal es el de la vigilancia de alimentos, que consta de diversos, y en general escasos, procedimientos de verificación y control que realizan los mismos organismos sobre el estado de los productos que se están comercializando.

Otra canal de acceso son los brotes epidemiológicos que se detectan en los hospitales. Estos casos, generalmente de suma gravedad, requieren la actuación inmediata de las autoridades con el objetivo de evitar su expansión. A partir de la detección de estos síntomas se comienza a investigar el posible motivo de su origen.

La tercera fuente para el control de los alimentos surge de las denuncias de los consumidores que, no conformes con el producto que adquieren, presentan su reclamo.

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Cuando se recibe una denuncia por un alimento que se encuentra en mal estado o presenta alguna anomalía, lo primero que se verifica es si el mismo está o no habilitado; dependiendo de esa información, es más o menos factible hallar al elaborador. Si un alimento no se encuentra habilitado es imposible verificar el origen de su elaboración y, por lo tanto, su inocuidad. Al llegar a las manos de los consumidores los productos deben dar cuenta de su lugar de origen, como también de la empresa que lo hace, dado que el RNE asegura que esa empresa ha sido auditada y cumple mínimamente con las Buenas Prácticas de Manufactura. Si esta información no existe (o existe de manera errónea o ambigua en el rótulo) se procede al retiro del alimento de manera inmediata, hasta que la firma elaboradora se adapte a la legislación correspondiente.

En el caso de que el alimento esté habilitado, el próximo paso es investigar el hecho de la denuncia. Para ello, las autoridades sanitarias cuentan con equipos técnicos y áreas de laboratorios que realizan auditorías a los establecimientos elaboradores, poniendo el foco en la problemática denunciada y realizando muestreos del producto si el reclamo fuera por contaminación de índole biológica, física o química.

Aquí los casos son más complejos y requieren de mayor investigación. Las autoridades sanitarias deben determinar si realmente ese alimento se encuentra en mal estado y, de ser así, cuáles han sido las causas. Puede ocurrir que los problemas sucedan durante el proceso de producción (en la fábrica) o bien que la responsabilidad la tengan quienes realizan el transporte y la comercialización del alimento (por ejemplo, pérdida en la cadena de frío). Si la responsabilidad recae sobre el establecimiento, se exhorta al mismo a modificar sus condiciones de producción inmediatamente.

El riesgo de los productos se clasifica en tres categorías: riesgo clase 3 es considerado de peligrosidad baja y el alimento se retira sólo de la distribución mayorista. Si es de clase 2, se retiran todos los productos que se encuentren en locales minoristas pero que todavía no han sido expuestos en góndolas. Finalmente, cuando un producto posee riesgo clase 1 debe retirarse de la circulación minorista, expuesto o no en góndola, de la manera más rápida posible.

Otra situación muy común que deben regular las autoridades sanitarias es la adulteración de los alimentos. Esto se da cuando no se respetan los ingredientes que hacen que un producto sea lo que es. Las disposiciones se encuentran también en el Código Alimentario; sin embargo, muchas veces las empresas falsifican los alimentos para abaratar costos.

Sobre este tema opinó Federico Priotti, responsable de la Dirección General de Alimentos en Córdoba.“El caso típico es el de la miel, que se la mezcla con otros azúcares como glucosa o jarabe de fructuosa para simular que es miel, de modo de engañar al consumidor. No es fácil de detectar, pero hemos encontrado muchos productos de este tipo. En algunos casos se les llega a poner hasta grasa para darle consistencia. Retiramos rápidamente esas mieles del mercado” aseguró

 

Mejorar las condiciones de producción

Cuando se demuestra que un producto está adulterado o falsificado, las autoridades sanitarias inician el proceso sancionatorio con el objeto de que se corrija el error. Dentro de las sanciones está el retiro del mercado, prohibiendo su circulación y la imposición de una multa.

En esta instancia, además de la sanción, se trabaja de manera conjunta con la empresa para que, modificando las prácticas realizadas, sus productos mejoren en calidad y no se generan nuevas fallas. Al respecto de esta práctica, Federico Priotti explica: “Lo que nosotros hacemos es intentar reconstruir la trazabilidad del producto para saber qué pasa en la cadena de alimentos, entender cuáles son las causas y las responsabilidades. Pero siempre apuntando a que las empresas puedan garantizar cada vez mejor mercadería”.

Desde la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia buscan elevar constantemente las condiciones de producción a través del acompañamiento a los establecimientos, siempre priorizando la necesidad irrenunciable de proteger la salud de los consumidores. El trabajo con los organismos de control es colaborativo pero no por eso menos exigente. “La sanción por sí sola no tienen ningún sentido porque uno no puede controlar todo, todo el tiempo. Hay que incentivar a cambiar. Y si esa empresa no entiende y no cambia, ahí se puede llegar a la clausura permanente porque debe cuidarse la salud de la población” explica Priotti.

 

En búsqueda de consumidores responsables

Hasta aquí se ha mencionado que tanto el Estado como las empresas son responsables de poner en la mesa de los consumidores alimentos que sean seguros e inocuos. Las empresas, por un lado, tienen que cumplir fielmente con lo que dicen que van a producir. Por su parte, el Estado debe vigilar para que esto suceda. En ese marco, se apunta a que los consumidores posean cada vez más información sobre lo que compran, ya que por una cuestión logística es imposible controlar todas las irregularidades que ocurren en la industria alimentaria.  “El consumidor debe ser el primer fiscalizador” concluye Priotti.

Rotulado
La Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la Provincia de Córdoba recomienda leer con atención los rotulados de los productos y realizar las denuncias pertinentes frente a posibles adulteraciones.

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